¿ DEBE EL ESTADO HACERSE CARGO ?

El Estado no debe hacerse cargo del transporte público en Santiago. Sería el peor error. Repetiríamos la historia de Chile que algunos han olvidado y otros más jóvenes nunca vivimos.

Comparto la idea del papel promotor o subsidiario del Estado, según el cual él no debe participar en todas aquellas actividades y áreas que el sector privado o las sociedades intermedias pueden desarrollar por sí mismas. Este principio no anula el papel del Estado; por el contrario, lo circunscribe. Es más, el principio promueve que el Estado participe y lleve a cabo aquellas actividades que el sector privado o las sociedades intermedias no pueden desarrollar.

Existen riesgos y errores del Estado empresario, y la historia de Chile así lo demuestra. En el pasado existió la ETC (Empresa de Transporte Colectivo), originalmente una empresa privada, pero ante su inminente quiebra y por tratarse de un servicio público importante, se optó por que el Estado asumiera su propiedad y responsabilidad.

En 1973 y 1974 existían regulaciones muy parecidas a las actuales: "para el transporte urbano, las ciudades se dividían en rutas fijas que se asignaban en forma indefinida a operadores específicos: dichos derechos de rutas o su uso no podían ser transferibles. Las autoridades fijaban el número de buses y la frecuencia de los recorridos; las frecuencias eran uniformes, sin importar el día de la semana o la hora del día, y controladas por la policía. Para asegurar el cumplimiento de estos horarios exigidos, se les prohibía a los conductores de autobuses el tomar períodos de descanso en la terminal de buses (de allí la frase "rutas ping-pong")".... "La mayor parte de las restricciones y controles se codificaron en el Decreto Supremo Nº 106 de 1969, que también exigía que el subsecretario de Transportes asegurara que no apareciera competencia desleal de servicios de transportes similares, específicamente no de costos 'artificiales' menores. De allí que todas las tarifas del servicio fueran fijadas" (Wisecarver, D. "Regulación y Desregulación en Chile: septiembre 1973 a septiembre 1983", Estudios Públicos Nº 22, 1986).

Ésta fue la situación hasta 1978; luego empezó todo el proceso de desregulación: se les garantizó a los operarios libertad total en la determinación de las frecuencias de recorridos, y poco a poco se dio libertad para que cada uno alterara el suyo. Se eliminaron las restricciones de número de operarios y buses por rutas, siendo el único requisito el contar con un certificado que garantizara la adecuada condición mecánica del vehículo.

Posteriormente se procedió a desregular las tarifas de la locomoción colectiva. Se hizo lentamente, controlando el impacto en la inflación que ello generaba. Primero a las empresas que contaban con buses nuevos y que operaban en rutas nuevas. Más tarde, en 1982, se liberaron todas las tarifas, y sólo se mantuvieron las tarifas especiales para estudiantes.

La Empresa de Transporte Colectivo, empresa pública de ese entonces, merece un recordatorio: esta compañía "producía déficit anuales del orden de 10 a 15 millones de dólares".

Esta empresa "poseía aproximadamente el 35% de los buses chilenos, su propio conjunto de rutas exclusivas, su propia fábrica de repuestos y más de 5.000 empleados.

La ETC era muy conocida por sus rutas sociales (existían para beneficio exclusivo de una gran variedad de oficiales de gobierno, sus empleados y sus grupos sociales relacionados) y por tener sus vehículos en reparación hasta por 6 meses al año.

La clausura de la ETC representó no sólo una reducción general de costos para el gobierno, sino también la desaparición de una verdadera amenaza a la competencia desleal contra el altamente competitivo sector privado". (Wisecarver, D.)

Paradójicamente, los problemas de transporte que hoy vivimos los santiaguinos se deben a la errónea intervención del Estado en un área que, aunque era perfectible, funcionaba relativamente bien en términos de accesibilidad y calidad de vida para la población.

Optar por una intervención mayor como la que se ha propuesto, de convertir al Transantiago en una empresa pública, implica repetir la historia de nuestro país y reflejaría la poca o nula capacidad que tenemos los chilenos de aprender de nuestros propios errores.