UNA VEZ MAS PIERDEN LOS POBRES


Según la prueba Simce, uno de los establecimientos con los mejores resultados que reciben a menores de las familias pobres es la Escuela Francisco Ramírez de San Ramón, donde asisten niños de la población La Bandera. Ese establecimiento es particular subvencionado con fines de lucro, sus dueños son profesores. Un significativo número de colegios tiene esas mismas características.

Por otra parte, los establecimientos municipales con los mejores resultados en calidad son el Instituto Nacional y el Carmela Carvajal; ambos, por su alta demanda, realizan un exhaustivo proceso de selección en el ingreso para recibir a los mejores alumnos.

A la luz de estos antecedentes resulta paradójico que el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet esté impulsando una reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) que elimina la posibilidad de que existan establecimientos escolares que permitan a los emprendedores educacionales retribuirse por el riesgo de ofrecer sus servicios y que a su vez se impida a los establecimientos de la educación básica ofrecer un proyecto educacional propio y seleccionar a los alumnos en función de ese proyecto. Actualmente, el 70% de los colegios particulares subvencionados tienen un legítimo y merecido fin de lucro, lo que ha permitido ampliar la oferta educacional, entregando mayores opciones a familias de ingresos bajos y medios bajos para acceder a una mejor educación para sus hijos

Existe consenso en el país de que el principal problema de educación es su mala calidad. Por ello, resulta incomprensible que dos elementos centrales para mejorarla, como son el premiar a los emprendedores y permitir que definan su propio proyecto educacional, sean eliminados. Especialmente, cuando a la luz de una encuesta CEP, en la cual se pregunta a los padres de familia respecto de si su hijo fue aceptado y pudo matricularlo en la escuela que quería, el 93% señala que quedó matriculado en el establecimiento que querría como primera prioridad y otros antecedentes disponibles muestran que las escuelas y colegios que seleccionan a sus alumnos son muy pocos. Además, hay que agregar que el problema hoy es que muchos establecimientos tienen una merma importante de la matrícula, producto de la baja tasa de natalidad.

La única interpretación para impulsar estas reformas que van a dañar la calidad de la educación, especialmente en los sectores más pobres de la población, es que detrás de ellas hay sólo mitos e ideología. Se busca limitar la libertad de las personas, tanto para emprender o innovar en educación como para seleccionar libremente el establecimiento en que cada familia quiera enviar a sus hijos. Se trata de igualar la educación de todos los chilenos, no importando si ésta es de mala calidad.

El gran problema de instaurar medidas como las propuestas en el proyecto enviado al Congreso es que ellas no mejorarán las oportunidades de los estudiantes ni ayudarán a promover la integración. Por el contrario, terminarán nivelando, pero hacia abajo, socavando a su paso una de las virtudes más valoradas del sistema educativo chileno, como es la posibilidad de elegir.

Afortunadamente, tanto la realidad nacional como la internacional muestran que en el espíritu emprendedor desplegado en todas las esferas de la vida nacional y en la posibilidad de que cada comunidad escolar tenga su propio proyecto educativo se encuentran los pilares para mejorar la educación. Es por ello que, con mucha claridad, debemos rechazar la iniciativa gubernamental que al modificar la LOCE elimina esos pilares tan necesarios para que Chile sea un país que progrese y tenga mayor igualdad de oportunidades.